15 - 11 - 2013 / ENVÍO A PRENSA

 LOS DESPILFARROS QUE DENUNCIA SENDAS DE ASTURIAS NO SON DELITO PARA LA FISCALÍA


Como es sabido, desde hace más de dos años nuestra asociación viene denunciando los despilfarros que se cometieron en Asturias respecto a una serie de “equipamientos” construidos con fondos públicos, una gran parte de ellos sin uso, y alguno en estado de abandono,  fruto del cual ya han sido  derribados dos edificios sin ser utilizados.

Temiendo que otros edificios pudieran correr la misma suerte, el pasado 3 de octubre presentamos en la Fiscalía Superior del Principado de Asturias la documentación correspondiente a veinte de ellos, cuyo coste asciende a 37 millones de euros, solicitando que como garante de la legalidad y del interés público, iniciase las acciones que considerase oportunas por si los gestores públicos, en su forma de proceder pudieran haber incurrido, o estar incurriendo en una utilización ilícita y fraudulenta de las subvenciones y ayudas públicas que pudieran ser constitutivas de delito.

 El 18 del mismo mes,  la Fiscalía decreta el archivo de la denuncia por considerar que no se aprecian hechos de relevancia penal, aunque reconoce que “resulta llamativo que la mayor parte de los proyectos emprendidos han sido abandonados, posiblemente por el coste económico que el mantenimiento de los mismos conlleva, pero es claro que esto puede resultar digno o susceptible de censura o críticas en el ámbito de la gestión política, pero ello no constituye infracción penal alguna”. 

 Además de la rapidez en la tramitación, dado que se trata de un expediente que contiene casi 300 folios, es de reseñar que nada dice la Fiscalía respecto a los dos edificios derribados y mantenidos en pie hasta que se cumplieron los plazos exigidos por la Ley para no tener que devolver las subvenciones, como se refleja en la documentación aportada.

 Aun reconociendo que el despilfarro no está tipificado como delito en nuestro ordenamiento jurídico, la resolución resulta poco alentadora, pues consideramos que por parte de la Justicia debería de haber una respuesta proporcional al daño que ocasionan este tipo de conductas. Es decir, se debería tener en cuenta, que el dinero despilfarrado se obtiene de los impuestos que pagamos todos, incluso las futuras generaciones, y que estas conductas, son en gran parte, causantes de la crisis que vivimos. Crisis económica e institucional, derivada en gran medida del sentimiento de impunidad del que gozan los gestores públicos.

 No entendemos que si a la Fiscalía le resulta llamativo que la mayor parte de los proyectos emprendidos han sido abandonados, posiblemente por el coste económico que conlleva el mantenimiento de los mismos, no requiera al menos, los estudios de necesidad y viabilidad de los proyectos, para conocer en que se basan para ponerlos en marcha y solicitar las subvenciones.